Sala de Prensa del Congreso de la Nación Argentina

Una mesa de articulación de organizaciones ocupadas y preocupadas por los derechos humanos de la niñez desde el ámbito social, cultural, político, universitario, sindical y eclesial en la República Argentina denunciamos el uso irracional de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad violando regulaciones fundamentales del Estado de derecho y la seguridad democrática. A modo de ejemplo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante 2017 dispuso 27 mil efectivos para un territorio de 3 millones de habitantes (un policía cada 107 personas, sin contar a gendarmes y prefectos en tareas de custodia) triplicando la recomendación de las Naciones Unidas. En su primer año en las calles, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a 24 personas en casos de gatillo fácil: dos por mes, lo cual pone de manifiesto el recrudecimiento del uso letal de la fuerza del Estado. Por su parte, otro informe producido en diciembre de 2017, reveló que en 721 días del Gobierno de Cambiemos hubo 725 fallecidos como consecuencia del uso de las fuerzas represivas del estado, el 66% a manos de policías fuera de servicio.
Las organizaciones de Niñez denunciamos el asesinato de niños, adolescentes y jóvenes en el marco de un brutal despliegue de represión estatal de las fuerzas de seguridad en complicidad con los poderes ejecutivo y judicial, acompañados de una naturalización y justificación de los medios de comunicación. Un caso testigo de esta violación de los derechos humanos lo constituye el asesinato de Facundo Ferreira, niño de 12 años, ejecutado por la espalda por la policía en Tucumán.
En la Argentina el 47,7% de los/las chicos/as vive en la pobreza, y esta situación se agrava en la franja de los/las adolescentes, es decir, el grupo más golpeado por la violencia policial y la omisión estatal. El desfinanciamiento en el campo educativo y del sistema de protección y promoción de derechos, así como el recorte de políticas de género conlleva a la falta de articulación, la desintegración y la focalización, que impiden realizar un trabajo integral, a la vez que provocan situaciones de revictimización y la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes y sus familias. En este sentido, las organizaciones de Niñez entendemos como serias negligencias estatales y complicidades policiales los casos de las niñas y adolescentes de los barrios populares que son víctimas de redes y circuitos de explotación sexual y comercialización de drogas.
Las organizaciones advertimos una doble decisión política en todos los niveles del Estado en la que, a la par de una creciente institucionalización y una avanzada punitiva sistemática de niños, adolescentes y jóvenes, tiene lugar un debilitamiento progresivo de las políticas de educación, prevención, promoción y fortalecimiento familiar y comunitario destinadas a esta población.
Ante la gravedad de los hechos enunciados las organizaciones de niñez solicitamos la visita de organismos multilaterales de derechos humanos a los efectos de:
– Realizar un informe y recomendar al estado argentino la investigación y la sanción a los responsables de los casos denunciados así como reparar a las víctimas.
– Recomendar al estado argentino la declaración de la emergencia en materia de políticas de infancia y convoque a organizaciones que conformamos el movimiento a favor de la infancia y adolescencia a una mesa de diálogo.
– Conminar al Estado Argentino al cumplimiento cabal de la Convención sobre los Derechos del Niño y demás Pactos de Derechos Humanos que orbitan en el Sistema Universal y Regional.
– Observar al estado argentino la instrucción de las fuerzas de seguridad y convocarlo a la elaboración de instrumentos de actuación junto a las organizaciones que conformamos el movimiento a favor de la infancia y adolescencia.