El Ministerio de Salud de la Nación emitió la Resolución 1/2025, que establece la derivación directa de los aportes y contribuciones de los trabajadores en relación de dependencia, empleados del servicio doméstico y pequeños contribuyentes a las obras sociales contratadas por los beneficiarios. Esta medida busca garantizar un sistema de salud más transparente, eficiente y equitativo.
Para tener una idea del alcance de la medida, hay que saber que, en nuestro país, uno de cada tres trabajadores y trabajadoras en blanco, con filiación sindical, traspasan su cápita a una empresa de medicina privada, lo que generaría un perjuicio para algunos sindicatos. Lo sorpresivo de la medida, es que no fue firmada por ninguno de los funcionarios de primer nivel de la cartera de Salud de Nación; algunas versiones sostienen que nadie se quiere hacer cargo de esta decisión, debido a que entre los funcionarios de primera línea ministerial, hay varios de ellos relacionados desde hace décadas, con el negocio de la salud.
Si bien la medida no fue mal recibida por la cúpula de la CGT, por lo bajo, desde distintos sindicatos, en off, rechazan la medida, porque sostienen que estos llamados “traspasos forzosos”, afectarían el desenvolvimiento de sus obras sociales, y en especial, porque muchas de ellas tienen afiliados que se atienden en las prepagas, con tratamientos, a costos mucho más bajos que los que ellas consiguen.
¿Qué establece la nueva resolución?
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, dispone que los aportes y contribuciones de los trabajadores se deriven directamente a las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (R.N.A.S.). Estas entidades deben estar debidamente registradas y ofrecer planes de salud financiados total o parcialmente con fondos de la seguridad social.
Además, se habilita el Trámite a Distancia (TAD) denominado “Voluntad de Permanencia en Obra Social”, que permite a los beneficiarios manifestar su decisión de continuar afiliados a su obra social actual. Este trámite estará disponible durante 60 días corridos a partir de la entrada en vigencia de la resolución.
Transparencia y control en la derivación de recursos
La medida busca asegurar que los recursos de la seguridad social se destinen de manera eficiente y transparente a las entidades contratadas por los beneficiarios. Para ello, se requiere la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que supervisará la correcta derivación de los fondos y garantizará la trazabilidad de los recursos.
Carolina Valeria, Jefa de Marketing & Comunicaciones de Establecimiento Santa Ana, comentó: “Esta resolución refuerza el compromiso del Estado con la transparencia y la equidad en el sistema de salud, asegurando que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.”
Libre elección y protección de derechos
La resolución también protege el derecho de libre elección de los beneficiarios, permitiéndoles permanecer en su obra social actual si así lo desean. Además, se garantiza que los beneficiarios mantengan sus derechos sin que se genere ninguna modificación que pueda perjudicar su acceso a las prestaciones médicas.
Implementación y plazos
La Resolución 1/2025 entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y contará con un período de implementación que garantice que los interesados puedan expresar su voluntad de manera clara y segura. El sistema habilitado para el trámite TAD garantizará un acceso seguro mediante autenticación con CUIT y clave fiscal.