Por Demetrio Iramain, Docente de Historia de las Madres de Plaza de Mayo en la UNMa y Militante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
El jueves 25 de julio, horas antes de que las Madres de Plaza de Mayo iniciaran su marcha semanal número 2415, el gobierno de Javier Milei dio a conocer una resolución de su ministra Sandra Pettovello, que establece la intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Una provocación.
Como cuando un juez de Comodoro Py quiso detener a Hebe de Bonafini, en agosto de 2016, la medida fue dictada un jueves, día de la histórica movilización de las Madres alrededor de la Pirámide de Mayo. El goce perfecto del gobierno maldito.
La resolución es, además de ilegal, violatoria de la autonomía universitaria que rige en la Argentina desde el año 1918, hace 106 años.
En efecto, la UNMa realizó no una Asamblea Universitaria para consagrar su autonomía, sino dos. La primera, el 6 de diciembre de 2023, a 4 días de que asuma el gobierno de Milei, y la segunda el 5 de marzo de este año, en la que resultó elegida en forma unánime Cristina Caamaño rectora de la Universidad, tal como reclamaban las Madres, siguiendo un mandato que había expresado Hebe, antes de su fallecimiento.
La figura de “rector organizador” que el gobierno intenta imponer, no corresponde en la UNMa, que se encuentra plenamente organizada, con sus representantes por los claustros docentes, no docentes, alumnos y estudiantes ya elegidos y ejerciendo el cogobierno de la Universidad. Porque la Universidad de las Madres no se creó en septiembre del año pasado, cuando se promulgó la ley que la rige, sino el 6 de abril de 2000, cuando las Madres crearon su Universidad Popular, que en noviembre de 2014 se convirtió en Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, hasta 2023, cuando se transformó en su forma actual: la UNMa.
En efecto, desde el corto tiempo que pasó entre hoy y la sanción de la ley de su creación, la Universidad de las Madres debió atravesar un conflicto político interno que comenzó el 6 de diciembre y se extendió hasta marzo de este año.
La disputa derivó de la elección realizada en aquella primera asamblea de diciembre. Las Madres denunciaron que quienes se habían impuesto, María Elena Patzer y Jacobo Grossman, iban a traicionar a las Madres, frustrar el proyecto educativo y entregarle la Universidad a Milei: hoy queda comprobado que tenían razón. El “organizador” nombrado por el decreto de intervención del gobierno es, precisamente, el entonces secretario administrativo de esa gestión, Luis Eduardo Maurizzio.
La denuncia pública de las Madres, en su marcha del jueves 7 de diciembre de 2023, movilizó a la comunidad de la Universidad, que comprendió la maniobra, hizo cambiar el voto de los asambleístas y motivó la convocatoria de una nueva asamblea soberana, que se realizó el 5 de marzo, en la que Cristina Caamaño resultó elegida por unanimidad.
Desde entonces, la Universidad atraviesa las dificultades propias de ejercer su objetivo pedagógico sin ningún tipo de recursos: el gobierno se niega a girar los fondos que le corresponden para su normal funcionamiento desde el 1 de enero, por lo que su plantel docente y el cuerpo de trabajadores no docentes no perciben su salario desde entonces.
Para revertir esta situación, la Universidad, a la vez que movilizó a su comunidad repetidas veces, recurrió a la Justicia. Decir “la Justicia” es una manera de decir. El lunes 15 de julio, el juez de Feria decidió habilitarla ante la urgencia de la situación y la gravedad institucional que supone todo esto, para resolver sobre un recurso en el que se reclaman los fondos.
¿Qué hizo el gobierno ante la inminencia de un fallo que podría serle adverso? Recusó al juez. No le daba ninguna garantía. El viernes 19 el juez al que le dieron la causa por pedido del gobierno, rechazó la pretensión de la Universidad de las Madres. ¿Cómo se llama el juez? Pablo Cayssials, otro de los que viajó a Lago Escondido.
Fue el primer movimiento de otro siguiente: la intervención. Ni siquiera así el gobierno podrá detener el proyecto de las Madres de Plaza de Mayo. Desde el jueves 25, cuando se conoció el decreto, se sucedieron múltiples muestras de solidaridad que auguran un futuro de dura resistencia para su Universidad, pero con grandes posibilidades de triunfo. Este gobierno va a pasar, y la Universidad de las Madres, producto de sus 47 años de lucha, seguirá. Qué duda cabe.